voselsoberano.com | Viernes 16 de Julio de 2010 17:03
Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y fiscales de turno incurrieron en una serie de violaciones a los derechos de 6 jóvenes del Instituto Central que fueron retenidos durante 10 horas en el Centro Integrado ubicado frente a la Jefatura Metropolitana número 1 en el barrio Los Dolores, luego del brutal desalojo escenificado por la policía en cercanías del primer centro de educación secundario del país.
Los operadores de justicia cometieron violaciones a los derechos de los niños y niñas contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.
Las protestas que cientos de jóvenes realizaran el jueves 15 de julio en las calles aledañas al centro educativo fueron reprimidas por agentes policiales que lanzaron gas lacrimógeno y atacaron con toletes a los manifestantes.
En los ataques y la persecución, la policía capturó a decenas de estudiantes de ambos sexos y los trasladó a varias postas. Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) se trasladó a la Jefatura Metropolitana número 1 al recibir la denuncia de que varios estudiantes se encontraban retenidos en esta sede policial.
La detención de los jóvenes se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana. El jefe de la policía metropolitana, el comisionado Chamorro reunió a los jóvenes y a la niña detenida (13 años) en su despacho, para indagar sobre los motivos de la protesta.
A la reunión se presentó el equipo de procuradoras del Cofadeh para indagar si los jóvenes fueron golpeados y para solicitar la liberación de los muchachos y la niña, solicitud que no fue considerada por el comisionado Chamorro.
El jefe policial ordenó que la entrega de los menores de edad se realizara a los padres y madres de familia. A medida que transcurrían las horas, uno a uno fueron llegando los familiares de los jóvenes retenidos en la sede de policía.
Sin embargo durante este lapso de tiempo se constató la prepotencia con que actúan los agentes de investigación criminal que sometieron a interrogatorios a los estudiantes del Instituto Central.
Las procuradoras de derechos humanos no tuvieron acceso a los interrogatorios porque los agentes no lo permitieron. Estos investigadores trataron a los menores como si fuesen delincuentes y amenazaron a los padres y madres de familia que debían presentar tarjeta de identidad y partida de nacimiento de los menores para lograr su liberación.
Varios de los padres de familia perdieron su día de trabajo por el procedimiento arbitrario y engorroso que impusieron los agentes de investigación y los fiscales de turno. Los padres de familia que se presentaron al lugar manifestaron su malestar por la actitud asumida por los agentes de investigación y los fiscales de turno, porque adujeron que sus hijos e hijas estaban siendo tratadas como delincuentes. Los menores fueron detenidos por riesgo social de acuerdo al informe de las autoridades.
Cuando una de las procuradoras de derechos humanos del Cofadeh les dijo a los agentes que el comisionado Chamorro había ordenado que se entregara con diligencia los menores a sus padres y madres de familia, uno de los agentes manifestó que las órdenes del comisionado Chamorro no tenían competencia en la oficinas de la DNIC.
El caso más grave de violación a los derechos de los jóvenes, se produjo cuando la madre de Jennifer Nicole Castillo, doña Amanda Varela, tuvo que esperar 10 horas para que le entregaran a su niña que cursa el II curso de Ciclo Común en el Instituto Central Vicente Cáceres.
Jennifer Nicole fue capturada a las 9:00 de la mañana y liberada a las 6:30 de la tarde, durante este tiempo lo único que probó fue un vaso de refresco y ningún alimento sólido. Dos horas antes el resto de jóvenes fu entregado a sus padres y madres de familia.
Los jóvenes retenidos ilegalmente en la Jefatura Metropolitana número 1 y la Fiscalía del Centro Integrado fueron: Franklin Josué Baquedano (16), Christian Fernando Zelaya, José Martínez (a quien la policía le rompió su partida de nacimiento), Brayan Garmendia (14), Manuel Orlando Guzmán (16), Jennifer Nicole Castillo (13), Oscar Nahamán Mendoza (20).
Este último joven, no participó en las protestas y fue capturado en cercanías de los Juzgados en Comayagüela. La sorpresa de las procuradoras de derechos humanos del Cofadeh, fue que al ser conducido a la Fiscalía del Centro Integrado había sido acusado de asociación ilícita, sin que se presentara ninguna prueba ni se cumpliera con los requisitos para imputarlo por este delito para que el que no existe medidas cautelares a la prisión preventiva.
El Cofadeh dejó claro a la fiscal de turno, que dicha acusación era grave, no era correcta y que debía procederse a la liberación del joven de 20 años. Horas después se conoció que la apoderada legal del joven se presentó a la posta policial para lograr su liberación.
Es así que el Cofadeh constató la ligereza con que actúan los fiscales y las fiscales del Ministerio Público para acusar a jóvenes por el delito de asociación ilícita, confirmando la posición de que los operadores de justicia actúan en forma prejuiciada y estigmatizan a la juventud hondureña.
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