La comisión de la verdad en un contexto de violencia y mentiras - el caso de Honduras

Verenice Bengtsson

Las Comisiones de la Verdad en América Latina surgieron para investigar los excesos cometidos en el contexto de las dictaduras militares, guerras civiles o conflictos internos que generaron violencia política y graves violaciones a los derechos humanos. Entre los fines perseguidos por dichas comisiones se encuentran, propiciar condiciones para la realización de la paz entendida a través de la justicia , esclareciendo las causas, identificando a los involucrados en el conflicto y sobre todo evitar que tales hechos se repitan en el futuro a través de la investigación y el reconocimiento de los hechos más graves a fin de deducir responsabilidad a los culpables de las más graves violaciones a derechos humanos.

El trabajo de una Comisión de la Verdad –indica, Esteban Cuya periodista e investigador del Centro de Investigación de Nuremberg – “permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho”

Es preciso repetir aquí, que aunque se pretenda disfrazar lo sucedido, las elecciones realizadas el 29 de noviembre de 2009, fueron evidentemente controladas y vigiladas por la bota militar y el gobierno de facto que se instaló el 28 de junio, usurpando las funciones de quienes integraban el poder Ejecutivo .

Los líderes de los partidos tradicionales - entre ellos el ganador de dichas elecciones- , el Tribunal Nacional de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Congreso Nacional y los medios de información controlados por el poder político y económico asumieron una actitud de autor y cómplice para ocultar, negar y minimizar no solo el golpe de estado como tal, sino además las violaciones a los derechos humanos que de forma sistemática se cometieron contra la población en resistencia al golpe de estado y que aún continúan a pesar de que formalmente se ha cambiado de gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en su informe Honduras y golpe de estado, que: el más alto tribunal de justicia en Honduras “niega sistemáticamente la existencia de las violaciones a derechos humanos, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune” Segun ha señalado el ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cancado Trindade: “ El crimen de Estado se torna aún más evidente en la medida en que se establece la intención (falta o culpa), tolerancia, aquiescencia, negligencia, u omisión, por parte del Estado en relación con violaciones graves de los derechos humanos, perpetradas por sus agentes”

Es en esta coyuntura, que tanto las elecciones celebradas por un gobierno de facto usurpador bajo la aquiescencia de quienes debian velar por la justicia , como el gobierno electo en ese contexto, no gozan del reconocimiento de la ciudadanía declarada en resistencia , organizaciones internacionales de derechos humanos y múltiples gobiernos alrededor del mundo. Cualquier intención de hacer justicia es entendida como una burla puesto que como autores o cómplices por acción u omisión, carecen de toda imparcialidad para propiciar la investigación y el juzgamiento de lo acontecido en Honduras.

Cabe preguntarse por ejemplo:
Permitirá Porfirio Lobo que se investigue con total imparcialidad al general Romeo Vasquez como ejecutor del golpe de estado, siendo un alto funcionario de su gobierno?

Podrán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ser investigados por omitir y retardar la justicia al dilatar los recursos de amparo interpuestos en favor del Presidente y la Canciller forzados al exilio en aviones militares y por militares?

Podrá obtener información objetiva la Comisión de la verdad por parte del ministerio fiscal que debió procurar el enjuiciamiento por las violaciones a derechos humanos y omitió hacerlo , si aún continúa en su puesto el fiscal general y sus subordinados convirtiéndose en cómplices del terror oficial?

Y sobre todo que interés habrá por esclarecer las violaciones a derechos humanos por parte de los individuos que conforman la comisión, si ninguno de ellos es reconocido por trabajar en favor de la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos, y en lugar de eso dos de sus integrantes son conocidos uno por estar ligado al sector más conservador de la iglesia católica -cómplice del golpe- y la otra se ha manifestado recientemente en contra de los movimientos sindicales y populares, que dicho sea de paso son parte integrante de la resistencia?

La respuesta a estas interrogantes parece ser muy clara, pues una una Comisión de la Verdad propuesta y surgida de los mismos órganos y personajes que participaron en los hechos , y quienes tienen el deber de aportar información son los mismos que han negado lo ocurrido , porque continúan en sus puestos, indica que la verdad está condenada al fracaso y lo que concluya tal Comisión carecerá de objetividad, imparcialidad y credibilidad.

Por otro lado, la creación de una Comisión de la verdad por parte de los organismos defensores de los derechos humanos, podría poner en riesgo sus propias vidas. La historia en Chile, Argentina , El Salvador, revela que la investigación de los hechos cuando los acontecimientos están aun muy cercanos es negativa para los defensores de los derechos humanos. Muchas organizaciones sufrieron allanamientos en el intento de los responsables por buscar y desaparecer información. Defensores fueron encarcelados, torturados y otros desaparecidos. El ambiente de violencia en general en el que se debate Honduras más el asesinato de 7 periodistas y 5 campesinos asesinados en 3 meses de gobierno indican que el clima de inseguridad no es propicio para la investigación y la realización de la justicia a través del reconocimiento de la verdad.

Mientras en el poder continúen impunes los que propiciarion desde la toma de decisiones el golpe de estado, cualquier intento de justicia, reconstruccion nacional, de paz y reconciliación será visto como un absurdo y una burla a la memoria de las víctimas. Los hondureños (as) en conjunto, no solo una parte de la población, tendremos primero que reconocer que la paz no es el silencio si no el reconocimiento claro de los errores, que la paz es fruto de la justicia y sobre todo que “no hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad". Sentándonos de nuevo en la mesa de dibujo podremos delinear un país más justo, y solo después podremos hablar de verdad , reconciliación y de paz.

Suecia 4 de mayo , 2010