Editorial Diario Tiempo, San Pedro Sula

Unidad popular

Las multitudinarias marchas unificadas en todo el país de los trabajadores, los gremios y organizaciones de la sociedad civil democrática y del movimiento político popular, dan testimonio de la voluntad nacional de resolver la crisis política e institucional de Honduras mediante un proceso de refundación constitucional y legítima institucionalidad democrática.

Esa es la conclusión principal de la celebración del Primero de Mayo de 2010, que no pudo pasar inadvertida, pese a la consigna ocultación mediática del eje antidemocrático, y que, por el contrario, confiere a este acontecimiento una dimensión superior de reivindicación política y social en la conciencia ciudadana de la nación hondureña.

Este fenómeno se explica por el impacto del rompimiento del Estado de Derecho del 28 de junio/09 que, por encima de todo, puso en evidencia el colapso total de la institucionalidad hondureña, resumida en inseguridad jurídica, política y social, en corrupción generalizada en la administración pública y en control autocrático elitista del poder estatal.

De cara a esa situación, ahora agravada por la irrefrenable persistencia del control autocrático en el poder público, a manera de prolongación camuflada del régimen de facto, va decantándose un proceso de unidad popular cuya primera señal importante es la determinación de las tres centrales obreras del país de unificarse, bajo conceptos operativos e ideológicos integrados, para luchar por la reestructuración política, económica y social de Honduras.

Sucede, entonces, que la población hondureña, sacudida por la fractura institucional, está reaccionando hacia la valoración de sus derechos civiles y sus derechos políticos, lo cual, una vez comprendido y asumido, le va revelando su condición de ciudadanía, y despertándole la conciencia de su derecho a participar activamente en la vida política de su país.

La élite del poder en Honduras, sin embargo, niega la validez de esa evolución ciertamente democrática, y, por lo tanto, adecúa el sistema político conforme a esa negación. Crea por esta vía la dialéctica de la confrontación y la violencia, bajo la premisa de su superioridad en base al control del poder —de las instituciones, las armas y la ley—en el Estado y en el sistema económico.

En realidad, esta es una vieja historia que, como se decía antiguamente, se pierde en la noche de los tiempos. Es la historia de las guerras, de las revoluciones, de las montoneras, cuya razón última es el abuso de los poderosos sobre los desposeídos. Un desbordamiento que únicamente puede resolverse —y hasta prevenirse— dándole espacio a un examen honesto e imparcial de la situación que permita establecer un nuevo pacto político y social.

Después de esta demostración —clara y contundente— del Primero de Mayo de 2010, tiene la palabra la Comisión de la Verdad, un mecanismo político sin precedente en nuestra nación, que se instalará mañana martes, y sobre la que hay una formidable carga de expectativas. No nos atrevemos a especular sobre sus probabilidades de éxito o de fracaso, pues depende mucho de la altura y justeza de la interlocución, lo mismo que de la credibilidad que logre edificar en la sociedad hondureña con sus conclusiones.

Quizá por ello, la masa laboral y la sociedad civil democrática se aferra al planteamiento del Poder Constituyente como la llave maestra para la solución del conflicto, de la crisis, con fundamento en una exitosa tradición que nunca falla.