¿Resulta entonces que es o no es? ¿Qué esperaban las dulces comparsas internacionales de un régimen surgido como tumor de la violencia represiva del Golpe de Estado? ¿A qué le apuestan ahora que ponen el grito en el cielo? ¿Jugaban a la política internacional? EDITORIAL
Mal síntoma en Honduras
Los crímenes impunes contra periodistas revelan la debilidad de su
Estado de derecho
Las autoridades deben convertir en acciones sus promesas de investigación
10:25 a.m. 11/05/2010
En poco menos de dos meses, siete periodistas hondureños han sido
asesinados. Mediante diferentes voceros, el Gobierno ha manifestado su
preocupación y ha reiterado que desarrollan investigaciones bien
encaminadas. Incluso, el presidente, Porfirio Lobo, dijo recientemente
que solicitaría colaboración de Colombia, España y Estados Unidos para
ayudar en las pesquisas. Sin embargo, hasta ahora no ha sido capturado
ningún sospechoso significativo, y es posible que estos casos –y otros
que, por desgracia, podrían sumarse– terminarán en la impunidad.
Ante la ineficacia oficial mostrada hasta para detener este componente
de la violencia que azota al país, es necesaria una gran presión y
también ayuda internacional. Por esto debe ser bienvenida la instancia
formulada el lunes por varios expertos en derechos humanos de las
Naciones Unidas, que piden “investigar minuciosamente” las muertes y
proteger a los periodistas. A esto se suman la visita que pronto
realizará a Honduras una delegación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y las denuncias y preocupación expresadas por
organizaciones de prensa internacionales serias, como Reporteros Sin
Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y la Sociedad
Interamericana de Prensa.
No hay suficientes razones de peso para asegurar que los asesinatos
tienen motivaciones políticas, pero tampoco para negarlo, si tenemos
en cuenta la crisis institucional que ha vivido el país y su tradición
de violencia y arbitrariedad. Es posible que, al menos algunos de los
crímenes, sean consecuencia de las crecientes actividades del crimen
organizado en Honduras. Y no debemos olvidar que, por décadas, varios
medios, periodistas y hasta organizaciones periodísticas hondureñas,
han tenido vinculaciones con sectores de poder (legítimos o fácticos)
basadas en prácticas corruptas, que han condicionado su independencia
y los han precipitado en turbios tráficos de influencia.
En ausencia de investigaciones adecuadas, los factores mencionados
impiden llegar a conclusiones certeras sobre los móviles de los
asesinatos. Sin embargo, algo sí es totalmente claro y, por ello,
inquietante: la debilidad del Estado de derecho en Honduras y la
incapacidad de las autoridades para proteger el bien más preciado de
cualquier ser humano: la vida. Por esto, los asesinatos son síntoma de
un problema mayor, y que no es nuevo, aunque se ha agudizado.
Cualquier crimen es humanamente inaceptable. Pero su gravedad social
se acrecienta cuando se comete contra quienes practican el periodismo.
Porque, más allá del profesionalismo o ética (en algunos casos
dudosos) que haya animado a las víctimas, los asesinatos de
periodistas trascienden el ámbito individual y se convierten en
agresiones a la libertad de expresión, uno de los elementos básicos
del régimen democrático.
Sean narcotraficantes, escuadrones de sicarios contratados por
terceros, miembros de organismos de seguridad o alguien que ajusta
cuentas personales, la eliminación deliberada de periodistas transmite
un mensaje tan simple como siniestro a todo el gremio y al resto de la
sociedad: divulgar informaciones u opiniones puede costarles la vida.
Las consecuencias no son difíciles de imaginar.
Por tales razones, se impone una acción rápida, eficaz y ajustada a la
legalidad por parte de las autoridades. Demasiado se han tardado ya.
Lo menos que puede hacer el Gobierno es tomarse realmente en serio
estos crímenes y convertir en hechos su preocupación manifiesta. Apoyo
internacional no faltará. Pero, para que sea eficaz, lo mínimo es un
compromiso oficial con la investigación de los casos, con la
prevención de otros y, ojalá también, con una tarea que los
trasciende: la de avanzar con firmeza en el establecimiento de un
verdadero Estado de derecho en Honduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario