Chávez es también ex directivo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH y mantiene una militancia activa en el gremio magisterial en la lucha por defender el Estatuto del Docente, Ley que pretende ser derogada. Unos siete miembros de los colegios magisteriales que han estado en las calles desde el golpe de Estado, han sido asesinados en diversas circunstancias y la persecución política arrecia cada día.
Chávez llegó el martes al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y detalló varias circunstancias ante la Coordinadora , producto de las cuales expresó temer por su vida.
Relató que cuando los hombres armados llegaron a su colonia a buscarlo, él no se encontraba debido a que tiene muchas actividades alrededor de la recolección de firmas de la Declaración Soberana, donde se exige por parte del pueblo hondureño, una Asamblea Nacional Constituyente y el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales, a iniciativa del FNRP.
Su padre le advirtió la peligrosidad de la presencia de los desconocidos sobre lo cual vigilantes le informaron que se desplazaban en un vehículo blanco doble cabina y entraron al llamar a la casa de Francisco Ordóñez, ex director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, en el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que es vecino del dirigente Chávez.
Al saber que su presa no se encontraba en la colonia, los hombres entonces les preguntaron a los vigilantes por Francisco Ordóñez y la esposa los hizo pasar, pero su destino no era esa vivienda sino la de Chávez a la que fotografiaban desde diferentes ángulos.
Estos hechos pusieron en alerta al dirigente quien inició las indagaciones para conocer de viva voz de los celadores, más detalles y el lunes 21 de junio fue donde ellos, pero éstos le dijeron que uno de los que estaba de turno el día de los hechos llegaría hasta el martes 22 de junio.
A la vez hablar con Ordóñez para que le explicara el por qué su esposa dejó entrar a los desconocidos, lo llamé por teléfono y como es mi vecino me dijo ya llegó y en efecto a los pocos minutos se hizo presente en mi casa, le dije Francisco aquí vinieron a buscarme cuatro personas armadas y como yo no estaba dijeron que iban para tu casa, a lo que respondió que entraron porque él venía en el carro y que esto se produjo el 18 de junio, pero no es cierto, ese día yo estaba en la casa, detalló Chávez.
Ante las contradicciones en las que entró Ordóñez el profesor le repreguntó cómo es que venían armados, el hombre le respondió, mirá lo que traía yo era esto y le mostró una pistola de juguete.
Las preguntas realizadas a Ordóñez generaron consecuencias, el vigilante que informó de los hechos fue despedido, según le dijo al dirigente del FNRP, un hombre que se presentó como el supervisor de la compañía que da la vigilancia, “a mí me dijeron que lo sacara”, le dijo refiriéndose al trabajador. SANCOR, S. de R. L. (Sánchez Corrales, S.de R.L.), es la empresa de seguridad que vigila la colonia Villas Colonial y es propiedad del coronel retirado Martín Sánchez Corrales. Las compañías de seguridad en Honduras, son propiedad de militares y jefes policiales activos o en retiro.
El accionar de estas empresas ha sido investigado por las Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, entre las recomendaciones que este organismo expresó después de su visita en agosto de 2006 es que "Se debe comprobar la fiabilidad de los directores privados de la compañía, los accionistas y ejecutivos, así como todo su personal, para asegurarse de que no han había implicado previamente en violaciones de derechos humanos, e investigar si existen cualquier conflicto de intereses entre los puestos ocupados por algunos miembros o ex miembros de las fuerzas armadas o la policía y su participación en empresas de seguridad privada”.
La falta de control en estas empresas por parte del Estado de Honduras ha generado varias situaciones tanto en lo que se relaciona con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores a quienes no se les pagan tal como lo estipula la Ley de Trabajo y se les somete a castigos que violentan sus derechos humanos. A lo externo, estas empresas han sido denunciadas de participar en acciones contra grupos sociales organizados, tal es el caso del conflicto de tierras en el Bajo Aguán, donde guardias de seguridad de los terratenientes de la zona se han vestidos de uniformes de la policía y de las Fuerzas Armadas, para desalojar violentamente a campesinos, el saldo en algunos casos terminó con la vida de labriegos, según reiteradas denuncias de los campesinos afectados.
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