El año pasado ocurrieron dos hechos trascendentales en la vida de la nación. El primero fue el intento del Congreso Nacional de promover contrarreformas a la Ley Electoral, pretendiendo, bajo una serie de argucias seudo legales, el financiamiento perpetuo de los partidos políticos desde el presupuesto general de la república, intentando asignarle en ese entonces, el 1% del mismo. El segundo evento fue la huelga de hambre de los fiscales, quienes después de agotar los recursos que tenían a su disposición en el ministerio público y tras una infructuosa y larga lucha para que se diera tramite a sonados casos de corrupción -que involucran a elevados personajes de la política nacional, engavetados por “ordenes superiores”- hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta.
Tanto el primero, como el segundo, dieron una sacudida sin precedentes a la conciencia de la ciudadanía, que se manifestó masiva y contundentemente contra la pretensión de quienes han usado al estado para enriquecerse ilícitamente y para sus intereses personales y de grupo. Al mismo tiempo, la huelga de hambre de los fiscales, si bien no logró que se tramitaran los casos, sí rompió las pretensiones del fiscal y adjunto de entonces, de llegar a la Corte Suprema de Justicia. También logró establecer en el imaginario colectivo dos cosas: la fuerza de la verdad puede mover el país entero.
Cuatro jóvenes fiscales lo hicieron y sacudieron con fuerza a la conciencia de la nación y a los estamentos de poder que se empezaron a conocer masivamente como los grupos fácticos, el poder tras el trono. Las máscaras y colores de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional, se cayeron y se logró ver nítidamente que no hay diferencias entre ellos a la hora de responder ante los requerimientos de los grupos de poder y para evitar a toda costa que el pueblo ejerza su soberanía.
La elección de la Corte Suprema de Justicia fue el tercer evento encadenado a los dos anteriores. La Corte es la espina dorsal que sostiene al sistema de gobierno del país. Tras un largo procedimiento se logró el nombramiento de quince magistrados. El nivel de maniobras fue tal que la Corte Suprema quedó conformada de forma opuesta a la anterior: 8 magistrados liberales y 7 del conservador Partido Nacional. Pero como anotamos arriba, después de caídas las máscaras y los colores, esto ya no es definitorio. Los grupos de poder movieron sus piezas y lograron sus objetivos.
Rápidamente y antes que la sociedad civil reaccionara, nombraron al nuevo Fiscal General y al Fiscal adjunto. Dos reconocidos miembros de ambos partidos. Recientemente nombraron a los 3 miembros del Tribunal Supremo Electoral, de nuevo, connotados miembros y defensores acérrimos de los partidos políticos y el statu quo. Detrás de todos estos movimientos y usando al Congreso Nacional, como el instrumento que legitima, los grupos fácticos definieron las claves de la institucionalidad del país, dejando aún más solo al Presidente Zelaya.
Fragmento tomado del canal comunicativo de la Organización Popular Los Necios
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