Gráfico: Yeco
El pensamiento de dominación implementado años atrás del
golpe de Estado (promovido ampliamente por los señeros del neo-liberalismo,
Callejas y Maduro), no solo se basa en la explotación desmedida de los recursos
naturales sino que también, y con más profundidad, en la explotación de los
recursos humanos, vistos estos desde la pura perspectiva empresarial.
El Estado hondureño no es ya más el Estado cívico que
idealizaron nuestros abuelos. Cuando hablamos de Estado en nuestro contexto
contemporáneo estamos hablando de una alta gerencia que se encarga de ordenar,
organizar y comprometer al recurso humano en la consecución de los máximos
estándares de producción. Para ello, el lenguaje corporativo ha suplantado
todos los conceptos referentes a la solidaridad y asistencia social,
sustituyéndolos por el frívolo (y operativo) “Responsabilidad Social”, un
término que de manera esencial se encarga de darle un maquillaje solidario a
las normas funcionales de las empresas y que, al momento de alcanzar los
parámetros internacionales de “Responsabilidad con la comunidad donde viven
nuestros empleados”, es honrado con la categoría empresarial ISO (International
Organization Standardization), fundamental logro para toda aquella empresa o
institución que pretende globalizar sus productos.
Desde esta perspectiva fría y pragmática inoculada en el
pensamiento gerencial-estatal, el recurso humano es toda la población y
lógicamente, sus aparatos reguladores (leyes constitucionales) son prácticos
memorándums operativos que van siendo cumplidos bajo el estipulado de
eficiencia, alta calidad en el servicio y vigilancia de “la actitud”.
El recurso poblacional, entonces, debe tener una actitud
responsable con respecto a su lugar dentro de la gran empresa-estatal. La
actitud son los sentimientos que ponemos para alcanzar la calidad total,
nuestro estado mental y nervioso en la disposición a engrandecer la visión
productiva… en síntesis, nuestra actitud se demuestra con nuestro grado de
afectos positivos o negativos respecto al ambiente donde nos desenvolvemos.
“Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende
en gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios se
remiten a la familia de origen”. Así reza una de las definiciones especializadas en
actitud empresarial, la cual –en el contexto de este análisis sobre el
comportamiento del Estado golpista-oligarca- sirve de sustento para clasificar
a los grupos sociales incómodos que, por su origen o extracción, tendrá siempre
creencias, convicciones y juicios negativos provenientes de su bajo nivel
educativo, es decir, serán siempre los que no podrán asimilar las conductas
ideales para “sacar adelante al país”.
Este es el tono argumentativo que Renato Álvarez (triste, patético y
limitado personaje) mantuvo durante todo su programa televisivo al abordar la
respuesta estudiantil en las calles contra la Ley de Reforma Educativa. A su
izquierda tenía a Roger Martínez Miralda, Director del Instituto Privado
Aldebarán y a su derecha a Sandra Ponce, Fiscal de los Derechos Humanos del MP.
Decía Renato: “Yo le pregunto a Sandra Ponce ¿usted cree que con esta actitud
(lanzar piedras contra la policía, destruir muppies publicitarios) los
estudiantes pueden demostrar que tienen la razón?” Y por más intentos que hizo
Sandra Ponce por explicar que debemos preguntarnos primero el qué ha llevado a
los estudiantes a actuar así, su contexto de crisis, su exclusión en la
construcción de la Ley, Renato insistió con la palabra “actitud”, activando en
la tele-audiencia los valores inculcados durante años por el pensamiento
empresarial.
Roger Martínez Miralda arguyó lo siguiente: “Es una pena que mientras los
colegios públicos pierden clases protestando, en nuestras instituciones
educativas privadas no hayamos perdido un solo día de clases… teniendo así, la
mejor posición de competencia a la hora de buscar empleo porque la empresa
privada prefiere a los alumnos egresados de instituciones privadas…”
Falaz argumento que se responde, por supuesto, ante el hecho que el alto
empresariado elegirá siempre a quienes comparten sus propios valores, y más aún
cuando el diploma de graduación lleve en la firma el nombre de uno de sus
cuadros asimilados. Y es más falaz aún, cuando sabemos que aún y cuando todos
los colegios públicos se asimilaran dentro de la privatización, la empresa
privada clasista jamás abriría sus puertas a la masa laboral demandante que
proviene, por su origen, creencia y convicción, de los sectores eternamente
excluidos del paraíso mental de la alta burguesía hondureña. Nunca la empresa
privada hondureña ha tenido la mínima intención de ofrecer puestos laborales a
la masa excluida, al contrario, siempre ha resguardado sus puestos
especializados para los exclusivos estudiantes asimilados en una actitud sedada
y complaciente.
La actitud de los estudiantes de colegios públicos y de la UNAH tendrá
siempre que oponerse con firmeza a los estipulados morales de este pensamiento
de dominio, sin ningún lazo afectivo de por medio ni cercanía de clase que los
vincule a los empresarios. Y esto deberá seguir así, hasta el total
desplazamiento de estas directrices privatizadoras en nuestra educación y en
toda nuestra vida cotidiana.
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