A la comunidad nacional, al gobierno de la
República y a la comunidad internacional
Sobre
las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguan y el
acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos en el país
Este es el momento en que callar
es un crimen. Froylan Turcios
Quien mira cometer un crimen y lo
calla, lo comete. José Martí
Guardar silencio es compartir el
crimen. José Adán Castelar
Los regímenes surgidos después del golpe de Estado
de junio de 2009, ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla
empresarial que ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han
reeditado la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el
dolor.
Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal
entrenó y formó grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y
desaparecieran selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos,
hoy, ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás
ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a la luz
para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
En el campo y la ciudad, en las manifestaciones de
ciudadanos indignados por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes
y maestros, allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el
aparato de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo
el falaz argumento de que-sometidos al imperio del orden dominante y el
silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y la
convivencia.
Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa
situación, a raíz del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras
y Colombia declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los
derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una
involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento campesino
señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras entrenadas y
financiadas por gobiernos extranjeros y con narcotraficantes cuyos socios son
otros.
Si la situación es grave en todo el país, en el
agro y especialmente en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo
de los muertos ya sobrepasa al medio centenar.
El envío de contingentes militares regulares
pretende desviar o desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la
presencia de escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos
de índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por su
vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está manejando el
problema permite deducir que lo que se busca es agotar la capacidad de lucha de
los campesinos para imponer una solución mediatizada que privilegie los
intereses de grandes empresarios del agro en la zona.
Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con
la gran empresa y su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que,
en la lucha campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una
solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del Aguán
puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor envergadura en
donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se ha llegado a una etapa clave en la escalada
violenta; un momento dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes
académicos e intelectuales, artistas y creadores de las más diversas
filiaciones, a denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden
resolver los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía
del crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las
organizaciones.
Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia,
la generalidad del sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que
repite las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de
degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa nada. Así,
los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil de las víctimas;
se afirma que los crímenes contra los líderes populares son producto de la
delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o son el resultado de riñas
intestinas. Se ha llegado, incluso, al extremo de minusvalorar o tergiversar el
asesinato de un estudiante adolescente que participaba en una manifestación
pacífica en el portón de su escuela.
Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se
reproducen cada vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia
para infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar
su esperanza.
Entendemos la importancia de la agroindustria y de
la seguridad jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada.
No pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el
salvajismo con el cual se pretende sofocar las justas demandas sociales. La
violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y
garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la
legitimidad.
Por lo anterior, los abajo
firmantes, urgimos a la comunidad internacional y nacional a pronunciarse
contra el desangramiento permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida
segada en aras de satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus
vínculos transnacionales económicos y políticos, es un crimen más de lesa
humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador; Darío A.
Euraque, historiador; Teresa de Maria Campos; antropóloga y artista; Helen Umaña,
escritora; Isadora Paz, socióloga y artista de la danza; Aníbal Delgado
Fiallos, sociólogo; Mario Gallardo, escritor; Mario Ardón Mejía, antropólogo;
Adrienne Pine, antropóloga; Armando García, escritor y fotógrafo; Geraldina
Tercero, antropóloga; Manuel de Jesús Pineda, escritor; Roxana Pastor
Fasquelle, educadora; Guillermo Mejía, periodista; Eduardo Bähr, escritor;
Débora Ramos, escritora; J Antonio Fúnez, escritor y diplomático; Dana Frank,
historiadora; Julio Escoto, escritor, Patricia Murillo, periodista; Gustavo
Larach, historiador; María de los Ángeles Mendoza, historiador; A. Flores
publicista; Allan Fajardo, sociólogo y empresario; Anarella Vélez,
historiadora; Héctor Martínez Mortiño; economista; Emilio Guerrero, escritor y
empresario; Héctor Castillo, artista; Jorge Martinez, escritor, Sergio Raúl
Rodríguez, músico, Víctor Manuel Ramos, médico y escritor, Mayra J. Mejía del
Cid, abogada; Héctor Valerio, médico y empresario; Marcio Valenzuela, ingeniero
y empresario; Gustavo Zelaya, filósofo e historiador, Rosa María Messen
Ghidinelli, socióloga, Jorge A. Amaya Banegas, historiador, Daniel Reichman,
antropólogo, Oscar A. Puerto Posas, economista, Russel Sheptak, historiador e
ingeniero en computo, Rosemary Joyce, antropóloga, Mauricio de Maria Campos,
economista, y diplomático, Iris Mecía, poeta y periodista, Joaquín Portillo
historiador, Isbela Orellana, socióloga, Omar Pinto, artista, Edgar Soriano,
historiador, Tito Estrada, dramaturgo, Natalie Roque, historiadora, Cesar Lazo,
periodista y escritor, Fabricio Estrada, poeta, Ricardo Salgado, politólogo,
Soledad Altamirano, poeta, Rodolfo Pastor Campos, politólogo y diplomático,
Lety Elvir, escritora, Mayra Oyuela, poeta, Oscar Estrada, cineasta, Ariel
Sosa, fotógrafo, Delmer Menbreño, fotógrafo, Karla Lara, cantante, Mayte Rivas,
gestora cultural, Katia Lara, cineasta, Jorge Oquelí, artista visual, Magdiel
Midence, poeta, Fernando Rey, cantante
