“El
nuevo paradigma social – político, la herencia de Uribe y el plan Colombia”
Autor: Nelson Arambú
Cuando Charles Wright Mills, describió los elementos del
“carácter y la estructura”; de los cuatro identificados por él, fue quizá
el denominado “el hombre” en donde encontraríamos las más grandes hipérboles de
la construcción del carácter; no solo porque cada uno es considerado así mismo
como producto de su propia historia, sino que además los referentes sociales de
su contexto individual, tendrán una consecuencia inmediata en lo que se es.
Hemos discutido hasta la saciedad que los fenómenos que afectan a
las sociedades modernas, son multifactoriales, sin embargo, poco esfuerzo
hacemos en la cotidianeidad por dimensionar el rol fundamental que juega la
estructura individual y el origen de los guetos; en su concepto
más básico estos se determinan como áreas separadas para la vivienda y
que son destinadas a los individuos de un determinado origen étnico, religioso
o cultural, el mismo que puede ser voluntario o involuntario. Es
importante que, tengamos clara la diversidad de guetos existentes hoy día en las sociedades
modernas, si usamos el concepto anterior; en el contexto actual del estado de
Honduras podríamos definir gueto casi a cualquier grupo; es decir, cualquier
persona involuntariamente está conformando uno o varios guetos.
En Honduras, el fenómeno de segregación étnica y social, ha sido
un tema desvirtuado por la clase dominante, sin embargo, tiene fuertes raíces
históricas en la instauración de una supuesta mayoría mestiza, la cual
pretendió durante las últimas seis décadas sobre-proteger un modelo de
hondureñidad fabricado y que tiene efectos profundos en el desarrollo de la
multi-culturalidad del país, tan evidente y asfixiante que el desequilibrio en
que se encuentra el estado actual, ha vulnerado la burbuja del Walt Disney en
el que vivía la sociedad hondureña.
En ocasiones anteriores – sin provocar mucho ruido – se ha
intentado documentar el fenómeno armamentista que en la última década cobro un
repunte significativo en este país; no obstante, a medida que pasa el tiempo,
hemos sido testigos del exacerbado interés de los grupos de poder, para
instaurar un estado de terror permanente de tal manera que, afecta de forma
explícita a cualquier persona que radique en Honduras.
Hacia el año 2000, el congreso de los EEUU firmaba un 13 de
julio el Plan Colombia, el cual gracias a los atentados de 11 de septiembre,
obtuvo un financiamiento casi inmediato de 1.300 millones de dólares y para los
subsiguientes 10 años esta cifra alcanzaría casi los 8,000 millones; toda la
parafernalia de este plan cuyo objetivo de forma, fue la reducción de la
violencia y la criminalidad, no tenía otra intención, que asegurarle a los
Estados Unidos el control extendido en territorios de América latina y
particularmente el establecimiento del cerco mediático contra el “terrorismo”
de las fuerzas revolucionarias de Colombia y cualquier país vecino.
Al observar en retrospectiva las consecuencias del
financiamiento norteamericano a los gobiernos colombianos, encontramos que,
como resultado de la última década – justamente donde aparece en escena el plan
Colombia – el 60% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo, suceden en
este país, también, tiene el record en presos políticos, alrededor de 7,500
hombres y mujeres encarcelados por “generar conflictos al estado”, mientras
que, el ejército colombiano ha desplegado una masacre diferencial contra
civiles, cuyos asesinatos mediatizados por el militarismo en contubernio con
sus gobiernos, quedan impunes y son reportados a la población como consecuencia
de los enfrentamientos entre guerrilleros.
El fenómeno del Uribismo planteo un retroceso significativo, no
solo al culminar su periodo en el gobierno de Colombia, sino también, por la
apostólica llegada de Álvaro Uribe a Honduras, justo en el momento en que la
institucional del estado se encontraba en su periodo más vulnerable. Muy pobre
ha sido el análisis que la sociedad hondureña le ha dado a los convenios
firmados entre Uribe, Lobo-Sosa y el comandante de las fuerzas
irregulares y terroristas del norte del país el señor Miguel Facusse; sin
embargo, no se necesita mucho para identificar los pilares de la cooperación
entre ambos países; armas, cooperación militar, manuales contra insurgentes
específicamente dirigidos contra sindicalistas, periodistas, abogados y líderes
sociales, paramilitarismo, sicariato y un aumento significativo del trafico de
drogas y armas por el país.
Solo para el año 2010, fueron asesinados en Honduras; 12
sindicalistas, 10 periodistas, más de 40 campesinos y la cifra total de muertes
violentas para ese mismo año fue de 6,236 personas; mientras que, para finales
del año 2011 el número de abogados asesinados en el país entre 2009 y 2011,
llego alrededor de los 74 homicidios, la mayoría de estos en la impunidad.
Ante un contexto tan irracional, la versatilidad que tiene el
fascismo para adherirse en el subconsciente de la población, es de manera
tacita impulsada por el terrorismo de estado y es desde este que nacen las
estrategias de segmentación social más sutiles, sin el que no sería posible el control
de los gobernados.
Las Safer Cities - barrios seguros -
son quizá el mejor ejemplo de estas estrategias; no solo porque abandonan
al ciudadano a su suerte, totalmente desprovisto de conciencia colectiva para
el bien común, sino que además lo obligan a defenderse a sí mismo contra la
creciente ola de inseguridad, sumidos en la paranoia permanente y condiciona la
psiquis de los civiles para estar listos completamente a la defensiva, contra
todo lo que a criterio del ciudadano común, signifique peligro potencial.
Es entonces en donde los barrotes y las estaciones de requisa en
la entrada de cada barrio, colonia o complejo residencial, así como las
compañías privadas de seguridad, los servicios telefónicos privados de
emergencia, las empresas dispensadoras de armas, en fin, toda forma de
privatización que atenta contra los bienes nacionales, e indiscutiblemente
terminara por violentar las libertades individuales y colectivas de la
ciudadanía, usurpando funciones que competen estrictamente al estado para
confiarlas como responsabilidad de la población civil, fundamentándose en la
“legalidad” de la privatización del espacio público. "Esto es un gran paso
para la seguridad de nuestros vecinos", señaló diputado UDI Ernesto Silva,
en Chile tras la aprobación de la ley para el cierre de calles y pasajes en el
año 2000; pero ¿A qué costo?
No es difícil de observar el efecto colateral de las políticas
de seguridad ciudadana o seguridad nacional, a partir de la ruptura del orden
constitucional en 2009, el país ha sido bombardeado por un sin número de
expertos y especialistas en seguridad, quienes con una fantástica lluvia de
ideas, han intentado apaciguar la crisis y desviar la atención del verdadero
problema de fondo que no es otro, sino la desintegración del tejido social, y
la terrible reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y los
gobernados; pero volviendo al tema de los efectos, encontramos que, a medida
que aparecen los barrios seguros, también aumentaron los homicidios, las
desapariciones, los crímenes de estado, creció la pobreza, aumento el
desempleo, se disparo el numero de femicidios, aumento el tráfico de drogas y
armas, de desvirtuó la imagen de la policía nacional, y lo que es peor, a
medida que aumentan los barrios seguros, también aumentan las zonas en guerra,
es decir, en la misma dimensión en que se establecen mas zonas invulnerables al
crimen, la vulnerabilidad se traslada a otras.
Entonces ¿no estará el estado creando zonas privilegiadas? O lo
que es peor ¿no estará estableciendo zonas de guerra, de forma intencionada? Es
cierto que la tasa de homicidios en Honduras es un problema, pero el problema
mayor, lo seguirá siendo la disfuncionalidad del estado, el establecimiento del
territorio nacional como zona de conflicto y el ponderar la segmentación y el
armamentismo como recetas a la crisis.
De todo lo anterior por ahora, solo podremos concluir que el
estado de Honduras, es indiscutiblemente un estado fallido, y que la respuesta
de la clase política es el veto del pensamiento crítico, la persecución de la
pobreza, entendida como la criminalización de los pobres a tal grado que,
incendiar cárceles, mercados, colegios, e instalar rejas en cada calle posible,
será la nueva forma en que la sociedad hondureña aprenda a convivir, ya no
conociéndonos entre clases, sino que ahora separándonos el territorio y los
espacios públicos para las clases, listos para asimilar nuestro apartheid.
El término apartheid tiene
sus origines en Sudáfrica, concretamente fue el resultado de un fenómeno
de segregación racial durante el siglo XX, fue instituido por colonizadores
ingleses y holandeses (Boers), como símbolo indiscutible de discriminación
política, económica, social y racial
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