Abogado hondureño asesinado solicitó protección

Abogado hondureño asesinado solicitó protección

Por ALBERTO ARCE - Associated Press

Por ALBERTO ARCE

El abogado hondureño de derechos humanos que fue asesinado el domingo en Tegucigalpa había solicitado medidas cautelares urgentes para su protección personal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y responsabilizó de su eventual muerte a empresarios de la palma africana, de acuerdo con un documento al que The Associated Press tuvo acceso.

Antonio Trejo Cabrera, de 41, era representante legal de campesinos en el conflicto por la tierra del Valle del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.

En el documento, enviado a Washington por el director del Consejo Hondureño de Derechos Humanos en junio de 2011, Trejo escribió: "De sucederme algo a mí, a mis bienes o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (...), quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente".

El documento menciona a otras dos personas de quienes la AP no pudo conseguir una respuesta.

La CIDH dijo que no puede confirmar el estado de la solicitud porque la tramitación de medidas cautelares es confidencial.

Trejo fue asesinado la madrugada del domingo tras asistir a una boda. Era responsable de los asuntos jurídicos de tres cooperativas campesinas del Valle del Bajo Aguán: San Isidro, La Trinidad, y El Despertar, centro de un conflicto por la tierra entre organizaciones agrarias y terratenientes locales por el que han muerto más de 60 personas en los últimos dos años y medio.

En julio, Trejo consiguió recuperar el dominio jurídico pleno de los campesinos sobre las fincas San Isidro, La Trinidad y Despertar, que hasta entonces estaban en manos de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales tras un proceso legal iniciado en 1998.

José Trejo, hermano del abogado asesinado, dijo a la AP que Antonio era un campesino más. "El nació en la cooperativa San Isidro, él jugó descalzo al fútbol y nuestro padre hizo el esfuerzo para mandarlo a estudiar a la capital, donde se hizo abogado y peleó por la tierra hasta lograr que la justicia nos la devolviera después que se vendiera fraudulentamente a Miguel Facussé en 1993".

Durante el funeral, celebrado la mañana del lunes en el cementerio de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, tanto familiares como compañeros de profesión de Trejo denunciaron que éste había sido víctimas de amenazas reiteradas contra su vida relacionadas con su trabajo.

Enrique Flores Lanza, secretario de la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras, dijo ante el ataúd de Antonio Trejo que "hace aproximadamente un mes, el abogado Trejo compareció ante la junta directiva (...) para informarnos de que su vida corría peligro, junto a la de la abogada Marlene Cruz".

Flores también explicó que a raíz de esa reunión "libramos notas a la policía y el Ministerio Público que nunca nos respondieron".

Cruz, apoderada legal del Movimiento Unificado Campesino del Aguán y compañera de trabajo del abogado asesinado, dijo a la AP que para el 19 de octubre ambos tenían fijada una audiencia en la CIDH para presentar un recurso en favor del abogado Trejo y una denuncia "contra el sicariato generalizado que se viene aplicando en el Valle del Bajo Aguán y ha dejado ya más de 60 muertos".

Annie Bird, codirectora de la ONG Rights Action, con sede en Washington, confirmó que hace una semana el abogado Trejo le había pedido que preparase una petición de medidas de protección para él y otros campesinos.

Flores Lanza añadió que Trejo "siempre fue claro respecto a los casos que manejaba, los intereses que tocaba y el peligro que corría", y lamentó que "los asesinatos de abogados se han convertido en algo cotidiano en Honduras".

Miguel Facussé, propietario de la corporación Dinant, respondió a las acusaciones directas de encontrarse tras la muerte de Antonio Trejo a través de una carta, en la que niega "la participación directa de mi persona o personal de mis empresas en tan abominable acto; a pesar de que el abogado Trejo haya ejecutado acciones fraudulentas contra la empresa, las ordenes que yo di fueron que recurriéramos a los juzgados de la República".

"Hago un llamamiento a las autoridades a que encuentren a los responsables del crimen y los verdaderos motivos del mismo", concluye la misiva.

Trejo también era uno de los abogados que había preparado y presentado recursos de inconstitucionalidad contra una propuesta del gobierno hondureño para construir varias ciudades privadas en Honduras con el apoyo de la compañía norteamericana MGK.

Apenas 24 horas antes de ser asesinado, Antonio Trejo había participado en un debate en el canal 12 de televisión hondureña en el que acusó a líderes del Congreso Nacional de utilizar el proyecto de las ciudades modelo "para agenciarse fondos para sus campañas políticas" porque "gastan cantidades millonarias en publicidad y a través de este tipo de proyectos quieren acaparar dinero de esas supuestas inversiones para quedarse con él".

Aseveró que estaba dispuesto "a llegar a las últimas consecuencias para que Alí Babá y los 40 ladrones del gobierno de Honduras acabaran en una prisión".

El director de MGK, Michael Strong, dijo que estaba "horrorizado" por el asesinato del abogado y que creían que "si Trejo hubiese vivido lo suficiente para conocernos, hubiera concluido que nuestro enfoque es beneficioso para Honduras".

El Departamento de Estado norteamericano lamentó la muerte de Trejo, en tanto que la embajada de Estados Unidos en Honduras dijo que está ayudando a las autoridades hondureñas a investigar el asesinato a través de una asesora que trabaja con la policía hondureña.

"Trejo Cabrera trabajó incansablemente para resolver el trágico y complejo conflicto por la tierra en Honduras, confiando en la ley y la negociación en una región en la que las disputas se resuelven de manera violenta", dijo la portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland en un comunicado.

"El gobierno de los Estados Unidos trabaja con el gobierno de Honduras para garantizar que los responsables de este hecho reprobable sean llevados a la justicia y, a través de una fuerza de tareas conjunta para víctimas especiales, apoya la investigación hondureña", añadió.

Rigoberto Trejo, de 35 años, hermano menor del abogado asesinado dijo, como portavoz de los 10 hermanos a los que la policía hondureña y una asesora norteamericana querían entrevistar, que la investigación "llegaba demasiado tarde" y que cuando "él pidió protección, a nadie le importó, lo ignoraron".