La tierra arrasada en nuestra ciudadanía

Hace unos días di por casualidad -entre mis libros que en su acumulamiento de años se tornan felices casualidades o causalidades de lo que busco siempre- con un informe publicado en El Salvador en 1984:
"La situación de los Derechos Humanos en El Salvador a la luz de los Convenios de Ginebra". Detalla el informe gran parte de las violaciones por parte del ejército salvadoreño en tres años de conflicto armado en el cual, la beligerancia del FMLN-FDR no se discutía y era reconocida por la mayoría de países lo cual lo ponía en condiciones de establecer diálogos en igualdad propositiva.

En primer lugar me doy cuenta de algo invariable en los Estados represivos: no se detendrán ni aún así la lupa de dios esté sobre ellos. Permitirán, por omisión o directriz todo cuánto haya que hacer para aniquilar la oposición civil y, para ello, adquirirán todo el blindaje de un Estado de Necesidad o en su defecto y más llanamente, la Ley Marcial para cada arista del derecho ciudadano no beligerante. De igual forma, aún y cuando la ONU pedía que los países no enviaran armas a El Salvador, la administración Reagan aumentaba el envío de material de guerra y asesores, lo cual dio lugar a que la guerrilla no se detuviera en conseguirlas donde sea. Mientras tanto, los operativos militares del ejército salvadoreño a través de sus unidades BIRI (Batallones de Infantería de Reacción Inmediata), el Atlacatl, el Belloso, Arce, Atonal y el Bracamonte, practicaban la estrategia de tierra arrasada que tan provechoso le estaba resultando a los kaibiles en Guatemala, siendo Usulután, Chalatenango y Morazán donde más civiles sufrieron el ataque sin medidas que los soldados y paramilitares emprendieron, no habiendo ninguna mediación ni de protocolos internacionales ni del Comité Internacional de la Cruz Roja que pudiera contenerlos.

En el fondo y la forma del Estado salvadoreño de ese entonces se mantenía en pie de lucha toda la estructura y súper-estructura de la represión de derecha, lo que hacía que cualquier iniciativa en pro de llegar al diálogo se topara siempre con lo inadmisible de ceder un paso por parte de la élite civil-militar que, precisamente, vivía de ese sistema de explotación y represión en todos los ámbitos, es decir, nunca permitirían la participación "revolucionaria" del pueblo en cualquier tipo de reforma que se necesitara en el país. Para ello, los partidos políticos inscritos para las elecciones de ese año, tenían que estar a tono con esa visión totalizadora que en sí era el sistema inmunológico que evitaría al FMLN-FDR entrarle a la participación "democrática" del buen orden.

Debo recordar aquí que el FMLN-FDR estaba compuesto por cinco expresiones de lucha organizada: el FPL (Fuerzas Populares de Liberación), el PRS (Partido de la Revolución Salvadoreña), el PCS (Partido Comunista Salvadoreño), la RN (Resistencia Nacional) y el PRTC (Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos). Cada uno de ellos con su respectiva fuerza armada (FAPL-Fuerzas Armadas Populares de Liberación, ERP-Ejército Revolucionarios del Pueblo, FAL-Fuerzas Armadas de Liberación, FARN-Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional. FARLP-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular) y cada una de ellas tentada, durante todo el conflicto, para negociar el fin de la guerra por aparte, en un afán de Washington por crear divisionismo interno, lo cual nunca sucedió en forma de rupturas pero sí de fondo cuando se dieron gravísimas acusaciones de traición y sospecha a militantes.

Esa bullente diversidad buscó forzar la negociación directa para los cambios estructurales de El Salvador, algo que sólo sucedió al crearse la situación de empate pregonada por los Estados Unidos. Un empate donde el pueblo nunca fue restituido en su afán de ver castigados a los violadores de sus Derechos Humanos. Un empate pregonado por el país que aprobó esas violaciones masivas, los asesinatos y desapariciones que iban ocurriendo mientras Reagan pedía más y más millones de dólares para apoyar al ejército salvadoreño en su búsqueda de estabilizar la democracia amenazada por el FMLN-FDR.

Resulta que no todas la guerras son iguales. Resulta que para ciertas estrategias de dominio y represión no resulta necesario que surjan bandos en sus respectivos frentes de batalla militar. Lo que desangró a El Salvador en Honduras desangra de otra forma en un camuflaje de violencia generalizada donde la contención jurídica alevosamente desatada y dinamitada por las mismas instituciones de la élite, permite la creación de una guerra civil sin objetivos políticos aparentes pero que, de manera precisa, sirve para los intereses políticos que ven en la tierra arrasada de la ciudadanía, el campo limpio y sin obstáculos para reiniciar su plan estratégico de desarrollo, una vez más firme, atornillado, blindado.

Transcribo una de las conclusiones del Informe en mención para crear un paralelo claro en la historia, para mostrar que las condiciones dialécticas de enfrentamiento civil resultan las mismas en El Salvador de aquellos años como en la Honduras de estos días, tomando en cuenta que sólo deben cambiarse algunos nombres y la medida de las soluciones ciudadanas en el respectivo contexto:

"La causa por la que el Gobierno salvadoreño es incapaz de hacer profundas reformas económicas, políticas y judiciales, es estructural.

El Gobierno actual se basa en una alianza de la burguesía oligarca, la burguesía no oligárquica y las fuerzas armadas que están al servicio de estas clases dominantes. Es una alianza expresada políticamente en la unión de varios partidos políticos, que van desde el centro hasta la ultra-derecha. Cuenta además con el apoyo de la Administración Reagan.
Todas estas fuerzas necesitan dar la impresión de que están haciendo reformas para mantener la ayuda militar y económica del Gobierno de los Estados Unidos y evitar el aislamiento total internacional; pero no pueden profundizar en las reformas económicas y políticas porque ello va en contra de los intereses oligárquicos y supondría una ruptura de la alianza que no solo afectaría a lo político y lo económico, sino también lo militar, ya que la mayoría de los oficiales de las fuerzas armadas del régimen están al servicio de estos intereses.
Tampoco pueden urgir el respeto de los derechos humanos ordenando se cumpla con el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y sancionando a los responsables de las violaciones más graves, porque ello va en contra del presupuesto fundamental de la estrategia de "tierra arrasada" utilizada en la guerra de contrainsurgencia... Ni siquiera son capaces de sancionar a los subalternos, autores materiales de las graves violaciones, porque ello pondría en peligro la unidad de la institución armada."

F.E.