El domingo recién pasado, durante una movilización de apoyo al jugador del Motagua, Amado Guevara, jóvenes aficionados provenientes de toda Tegucigalpa fueron tiroteados desde un pick-up blanco que fue registrado, con todos los detalles, por las cámaras de televisión que acompañaban la movilización. Las placas del auto se ven claramente, los testimonios coinciden absolutamente. 34 muchachas y muchachos fueron heridos (así lo afirma Carol, la lideresa de la barra del Motagua que con lista en mano corraboró desde el Hospital Escuela) y uno de ellos resultó muerto al recibir 14 disparos en su cuerpo. ¿Cuántos cargadores dispararon para herir a tantos y tantas? Ni un tan solo informe se ha dado por parte de la policía, nada, ni con todas las cámaras de vigilancia del sector, nada, ni con la placa claramente mostrada por el video.
Carol está muy segura que no pudieron ser contrarios de la Barra Ultra-fiel del Club Deportivo Olimpia dado que, en los últimos meses, ambas barras han estado trabajando juntas en un programa de acercamiento para disminuir la violencia. Aumentando la tensión existente, el lunes por la tarde fue secuestrado en San Pedro Sula el conocido periodista Anibal Barrow, siendo encontrado su vehículo abandonado por los secuestradores con grandes rastros de sangre y un balazo en el vidrio del acompañante. Casi todos los medios mantienen, ante el silencio total de la policía, un precario recurso de prudencia informativa, aunque todo indique que el asesinato fue consumado.
Todo esto sucede en los momentos que voceros del gobierno y de la empresa privada llevan a cabo una campaña de limpieza internacional a la imagen de Honduras como país más violento del mundo. Las declaraciones que éstos dan por todos los medios alcanzan un nivel de autismo que impresiona y que, a todas luces, resultan en un reto para las organizaciones delincuenciales que responden a fuego vivo, en todo el territorio nacional.
Existe un análisis que vengo escuchando con atención cada vez más inquieta: la de una posible decisión de las Fuerzas Armadas de Honduras de tomarse abiertamente el poder con el argumento de la imposibilidad civil para detener la masacre. Desde ese escenario se llamaría a una conformación de gobierno supervisada.
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