Si existiera en Honduras el Estado de Derecho, ninguna emergencia, excepción o estado de necesidad, suplantaría la letra y el espíritu de la Ley.
No habría necesidad de remilitarizar la sociedad con el pretexto de combatir a los narcotraficantes ni de aumentar los presupuestos a las policías para enfrentar la inseguridad que genera el propio Estado.
Pero hay varios casos en los que ha quedado demostrado en los últimos seis meses que el contacto de soldados y oficiales del ejército con la ciudadanía es abusivo, desproporcional, violento y criminal.
Hoy en esta rueda de prensa acompañamos al ciudadano Wilfredo Yánez, padre del niño Ebed Haziel Yánez Cáceres, acribillado en mayo pasado por miembros de un retén que no siguió procedimientos disuasivos ni de contingencia, simplemente mató.
Aquí está una parte directamente agraviada en representación de la sociedad y una organización acompañante de su petición de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional, desde el pasado viernes 29 de junio.
Nuestra acción conjunta ataca el decreto legislativo número 223-2011, aprobado el 21 de noviembre de 20011 y publicado en el diario oficial La Gaceta con número 32685, del 3 de diciembre de 2011.
El recurso está basado en los párrafos segundo y último del artículo 274 de la Constitución, que establecen las funciones específicas de las Fuerzas Armadas.
La interpretación del texto establece categóricamente que los militares no pueden invadir los espacios civiles. Y que el Consejo de Ministros viola su Constitución al renovar esas facultades basándose en argumentos falsos.
Además, el artículo 274 define a la Policía Nacional como el órgano uniformado encargado de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.
No nos compete hacer aquí consideraciones éticas ni legales sobre la frágil situación actual de la Policía, en proceso de intervención ejecutiva, ni analizar la situación de inseguridad y violencia en el país, solamente atacamos la inconstitucionalidad de la reforma legislativa citada.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo a no continuar invocando aquella reforma para extender facultades a los militares en Consejo de Ministros y, más bien, le exigimos que expulse a los militares de Hondutel, Marina Mercante, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Mercadeo Agrícola, ENEE y otras instituciones estratégicas que secuestraron después del golpe.
Cuando los militares invaden los espacios ciudadanos los enemigos ya no están en las fronteras terrestres, sino en nuestras calles, campos de cultivo, universidades y templos. Y disparan a matar a las ideas y a los cuerpos. ¡No queremos más víctimas!
De los hechos y e los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa M.D.C. 03 de julio de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario